Hospitales y consultorios se abastecen principalmente de medicamentos biológicos de referencia, pese a que existen alternativas certificadas más baratas.
Fuente: Max Chávez / El Mercurio
Cada año, la red de hospitales y centros de salud de la atención primaria del país debe comprar millones de medicamentos que son entregados a pacientes en sus tratamientos médicos. Para eso, la mayor parte de las adquisiciones son centralizadas mediante la Central de Abastecimiento (Cenabast), lo que no solo simplifica la compra para el Ministerio de Salud, sino que al juntar toda la demanda puede conseguir precios considerablemente más baratos y generar ahorros para un sistema que siempre está escaso de recursos.
Sin embargo, pese a que Cenabast genera cada año grandes ahorros para el sistema de salud público, según un análisis realizado por Pro Salud Chile, una asociación gremial multisectorial que reúne a un grupo de organizaciones, empresas y emprendimientos nacionales e internacionales del área, estos beneficios podrían ser incluso mucho más cuantiosos.
Es que cuando se observan en detalle las compras de medicamentos biológicos por parte de la Cenabast, en el caso de aquellos que cuentan con opciones biosimilares, es decir, que imitan a la molécula de referencia y que han sido aprobados por ser seguros e igualmente eficaces, el sistema sigue prefiriendo adquirir los fármacos originales, que son considerablemente más caros (ver infografía).
Por ejemplo, en el caso del fármaco Adalimumab, utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, Cenabast durante el primer semestre de este año compró más de 93 mil unidades, por un total de más de $18 mil millones, mientras que adquirió solo 36 mil unidades de biosimilares, pese a que si hubiera preferido estas segundas opciones, se habría ahorrado más de $7 mil millones.
Lo mismo sucede con otras moléculas, por lo que según calcula Pro Salud Chile, solo durante el primer semestre de este año, el sistema público de salud podría haberse ahorrado más de $19 mil millones, si hubiera preferido la adquisición de biosimilares.
Jean Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de Pro Salud Chile, señala que »aquí, en términos de calidad, están muy probados, porque (son medicamentos que) están reconocidos por el ISP y además por la agencia de alta vigilancia en origen; son todos productos producidos ya sea en Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos. De hecho, muchos de estos biosimilares son fabricados por los mismos laboratorios (…). Uno esperaría que a igualdad de calidad, eficacia y seguridad, lo que prime es el precio; por lo tanto, no hay ninguna razón clínica para comprar un producto más caro que otro que es enteramente igual, pero más barato».
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, advierte que »son los médicos quienes empujan a los directivos de hospitales de los servicios de salud para que compren determinados medicamentos, porque sencillamente no confían en los biosimilares de determinadas moléculas. En ese escenario, es muy difícil cambiar esa decisión, porque Cenabast es un vehículo que compra lo que le piden que compre; por lo tanto, el trabajo hay que hacerlo a nivel de los hospitales, con el Colegio Médico, con los establecimientos de salud de la atención primaria, que es donde se genera la verdadera decisión de compra».
Por su parte, Jaime Burrows, exsubsecretario de Salud Pública, acota que si bien »idealmente uno debiera comprar el biosimilar más barato, no es tan fácil como pasa con la bioequivalencia con los fármacos de síntesis química, porque cuando hay cambios del elaborador, dentro del tratamiento de un paciente con fármacos biológicos, a veces se pueden producir problemas, como reacciones adversas».
Por eso, sugiere, el Gobierno debiera trabajar protocolos para, por ejemplo, »los pacientes que empezaron con el medicamento referente, el ideal es que mantengan esa misma marca y cuando se tiene disponibilidad de una alternativa más barata, se puede empezar a comprar esos, pero para los pacientes nuevos. Hasta que quede claro que se pueden intercambiar, porque además hay que tener en cuenta que con los fármacos biológicos no siempre es la misma dosis».
Si se proyecta el ahorro potencial a todo el año, Pro Salud Chile calcula que el sistema se ahorraría US$ 48 millones, algo así como un tercio del presupuesto actual de la Ley Ricarte Soto, o tres veces el presupuesto del programa de salud mental. Duhart sostiene que »así como se empujó en su momento la bioequivalencia, que era importante para empujar la competencia, sin sacrificar calidad, aquí nos parece que hay un punto equivalente, pero que ha estado fuera del radar. Esto puede ser una de las vías de solución para mejorar el acceso, porque el ahorro permite reinvertir para aumentar la cobertura de los programas».