Clic para ver imagen completa
octubre 17, 2022

Salud contempla inédito gasto de $23 mil millones para sentencias por fármacos de alto costo el próximo año


Por primera vez se incluyó este ítem en la partida de Salud de la Ley de Presupuestos y expertos advierten que esto podría estimular aún más la judicialización.

Fue a fines de 2018 cuando la Corte Suprema emitió un fallo que marcaría un precedente para el sistema de salud nacional. Todo partió con el caso de Cristóbal, quien cuando tenía solo un año y cuatro meses fue diagnosticado con atrofia muscular espinal, por lo que rápidamente fue perdiendo movilidad en todo su cuerpo.

El único medicamento que podía mejorar sus pronósticos era uno de los más caros del mundo, el Spinraza, que cuesta más de $500 millones solo en el primer año de tratamiento y no es cubierto por ningún seguro.

La madre del menor acudió a tribunales para demandar al Ministerio de Salud y exigir la cobertura del único tratamiento que podía salvar a su hijo. La Corte Suprema falló a su favor, argumentando que el derecho a la vida está por sobre la administración de los recursos del Estado.

Dicha sentencia abrió un nuevo tipo de judicialización y rápidamente los casos en los que pacientes pedían al Estado el financiamiento de tratamientos se multiplicaron: mientras en 2018 fueron 13 los recursos interpuestos para ello, en 2019 esa cifra subió a 87.

Y como esta situación no ha parado de crecer, el presupuesto de 2023 para Salud debió realizar »una expansión que permite reconocer el gasto que Fonasa ejecuta para el financiamiento de medicamentos de alto costo sancionados por la Corte Suprema», dedicando $22.946 millones para este concepto.

Jaime Burrows, exsubsecretario de Salud Pública, dice que »la Ley Ricarte Soto tenía la idea de contener esto, pero tendría que estar acompañada por un mayor apego por parte de la autoridad a los mecanismos que están contemplados».

El pediatra agrega que »hay varios fallos de las cortes a favor del financiamiento de algunas drogas en que Fonasa se abstuvo de presentar apelaciones, especialmente en el gobierno anterior. No es una buena señal empezar a poner esa línea de gasto en el presupuesto, porque termina significando un estímulo a utilizar la vía judicial».

Hasta este año, los gastos que Fonasa ejecutaba para el financiamiento de dictámenes no contaban con un marco definido en la Ley de Presupuestos, por lo tanto, se debían solicitar recursos adicionales que finalmente eran aprobados por la Contraloría General de la República.

»Dado el aumento que ha tenido este tipo de dictámenes, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda determinó incorporar (este ítem) en el proyecto de Ley de Presupuestos 2023 del Ministerio de Salud (…). De esta forma, se transparentó en el (proyecto) de ley de 2023 un gasto en salud que se efectúa dentro del año», afirma Camilo Cid, director del seguro público.

En 2017, el gasto por este tipo de casos era cercano a los $2.600 millones; en 2018 se elevó a $3.300 millones, y para el próximo se contemplan los casi $23 mil millones. Es decir, en solo cinco años el monto previsto por el sistema sanitario para pagar sentencias de tratamientos de alto costo habrá aumentado casi nueve veces (ver infografía).

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, advierte que esta alza »significa que tal como está sucediendo en otros países de América Latina, son los tribunales los que están definiendo políticas públicas en salud. Y eso es muy malo, porque los tribunales tienen una mirada muy parcial del caso que están juzgando y pierden de vista la situación general, bajo la cual se definen las políticas públicas de salud».

Añade que »esto implica que faltan definiciones más claras de políticas públicas, como, por ejemplo, la definición de un plan garantizado universal, aprobado democráticamente en el Congreso Nacional para todo el país, porque eso sería un camino para reducir este tipo de demandas».

Jean-Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de Pro Salud Chile, plantea que »más que aumentar en el presupuesto los recursos para el pago de aquellas sentencias que obligan a Fonasa a financiar tratamientos de alto costo, creemos que se debe abordar la causa raíz del problema de la judicialización creciente, que es la insuficiente cobertura financiera de tratamientos por parte de los seguros de salud (Fonasa e isapres) que tenemos en Chile, aumentando dicha cobertura para aquellos tratamientos que demuestren ser costo-efectivos, tal como se hace en los países desarrollados».

El director de Fonasa, en tanto, destaca que »como parte de la reforma a la salud, que busca la creación de un Fondo Universal de Salud, está contemplado el desarrollo de capacidades para la Evaluación de Tecnología Sanitaria, que permitirá definir nuevas coberturas para el régimen de prestaciones de salud en base a estudios de costo-efectividad y criterios sociales. Esto permitirá encauzar y establecer procedimientos técnicos sanitarios claros para la incorporación de cobertura financiera para nuevos medicamentos, ya sea por Ley Ricarte Soto u otro programa que se defina».

Fuente: Máx Chávez, periodista El Mercurio

Comparte esta noticia!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp